Centros PotencIA: el MinTIC exige el reintegro de $234.399 millones por un proyecto de inteligencia artificial que nunca levantó un ladrillo
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) exigió la devolución de $234.399 millones girados para el proyecto Centros PotencIA, la iniciativa insignia del Gobierno anterior para acercar la inteligencia artificial a las regiones colombianas y que, más de dos años después de su puesta en marcha contractual, no construyó ni un solo centro. La ministra TIC, Alexandra Falla, confirmó la decisión el 30 de octubre y la atribuyó a una instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella de proteger los recursos públicos y establecer las responsabilidades del caso.
La cifra es contundente y el contraste, difícil de digerir: el 100 % de los recursos del proyecto fue girado a una fiduciaria en septiembre de 2024, cuando se firmó el contrato con Findeter, pero el avance de obra verificado por la Contraloría General de la República es de apenas el 2,09 % y las actividades permanecen paralizadas desde noviembre de 2025. Ni uno de los 60 centros prometidos abrió sus puertas. Ni uno está siquiera en obra.
Este artículo reconstruye qué eran los Centros PotencIA, cómo se estructuró el proyecto que hoy está en el centro de la controversia, qué encontraron los organismos de control, qué pasó en los municipios que esperaban la infraestructura y qué viene ahora que el Estado reclama el dinero de vuelta.
Qué eran los Centros PotencIA y qué prometían
Los Centros PotencIA fueron concebidos durante el Gobierno anterior como espacios físicos de aprendizaje, desarrollo y apropiación de la inteligencia artificial en territorios históricamente alejados de la oferta tecnológica del país. La apuesta inicial contemplaba la construcción de 75 centros en 26 departamentos, con la meta declarada de beneficiar a más de siete millones de personas. Posteriormente, el alcance se ajustó y el proyecto quedó en 60 centros distribuidos en municipios priorizados.
La promesa era ambiciosa en lo pedagógico y en lo simbólico. Cada centro ofrecería formación en inteligencia artificial, salas de computación, herramientas de realidad virtual y programas de apropiación digital para comunidades que, en muchos casos, no cuentan con una sola institución pública de formación tecnológica. El argumento oficial de la época resumía la lógica del programa: si el 65 % de los empleos iba a cambiar por efecto de la automatización y la IA, el Estado debía poner las herramientas de capacitación al alcance de todos los territorios, no solo de las capitales.
Los convenios con los municipios avanzaron con bombo y platillo. En agosto de 2024, por ejemplo, el entonces ministro TIC, Mauricio Lizcano, firmó en Pereira el convenio para construir tres Centros PotencIA en Risaralda —Pereira, La Virginia y Quinchía— con una inversión de $12.444 millones, en el marco de una agenda que también incluyó el lanzamiento del programa Talento Tech para el departamento y un anuncio de $13.697 millones en conectividad, educación digital e innovación para sus 14 municipios. Escenas similares se repitieron en otras regiones: cada firma de convenio alimentaba la expectativa local de una obra que, a la fecha, no existe.
El programa, además, se presentaba como pieza de una estrategia mayor: consolidar a Colombia como líder regional en inteligencia artificial. Esa narrativa hizo que los Centros PotencIA fueran una de las vitrinas más visibles de la política TIC del Gobierno anterior, y es precisamente esa visibilidad la que hoy convierte su fracaso en un problema político de primer orden.
En la práctica, cada Centro PotencIA debía funcionar como una vitrina tecnológica de barrio y región: aulas con conectividad de alta velocidad, equipos de cómputo, laboratorios de realidad virtual y programación, y una oferta permanente de cursos, bootcamps y acompañamiento para emprendedores locales. La idea, repetida por la administración anterior en cada gira, era que un joven de Quinchía o de La Virginia pudiera formarse en las mismas habilidades que se enseñan en Bogotá o Medellín, sin salir de su municipio. En Risaralda, por ejemplo, el paquete anunciado junto con los tres centros incluía 2.046 cupos del programa Talento Tech, la apuesta de formación intensiva en programación, inteligencia artificial, blockchain y arquitectura en la nube que el MinTIC venía desplegando con las gobernaciones.
Cronología de un proyecto que nunca despegó
Reconstruir la secuencia de hechos ayuda a entender por qué el MinTIC habla de exigir un reintegro y no simplemente de terminar un contrato. Estos son los hitos verificados con las fuentes disponibles:
Septiembre de 2024. Se firma el contrato del proyecto con Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial), una entidad financiera estatal, y se gira el 100 % de los recursos comprometidos a una fiduciaria. El diseño contractual eligió un esquema de encargo fiduciario: el dinero salió del presupuesto del Ministerio y quedó administrado por la fiducia, con Findeter como gestor integral del proyecto.
Segundo semestre de 2024. El Gobierno anterior firma convenios con municipios de varios departamentos para la construcción de los centros, con inversiones regionales anunciadas públicamente, como los $12.444 millones para los tres centros de Risaralda.
Noviembre de 2025. Según la información revisada por la actual administración y reportada por la Contraloría, las actividades del proyecto quedan paralizadas. Desde entonces no hay ejecución en curso.
Enero de 2026. La Contraloría General de la República inicia un seguimiento formal al proyecto, que se mantiene durante el año y arroja observaciones sobre la planeación, la estructuración contractual y la permanencia de los recursos en la fiducia.
Abril de 2026. La entonces ministra TIC, Carina Murcia, decide no prorrogar el convenio interadministrativo con Findeter. La solicitud de prórroga presentada por la financiera contemplaba reducir el número de centros y disponer de recursos adicionales para un proyecto que, tras 17 meses, no había superado la etapa de planeación ni iniciado obras en ninguno de los 60 centros previstos. El avance registrado entonces, cercano al 17 %, se limitaba a actividades preliminares. El Ministerio, además, pidió a la fiduciaria abstenerse de realizar nuevos desembolsos a Findeter para proteger los fondos.
30 de octubre de 2026. La ministra Alexandra Falla anuncia que el MinTIC exige la devolución de los $234.399 millones girados, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, y adelanta las acciones para recuperar los recursos y establecer las responsabilidades correspondientes.
Las cifras que sostienen la decisión
Detrás del anuncio hay números que conviene tener claros, porque explican tanto la magnitud del incumplimiento como la discusión que viene sobre responsabilidades:
| Recursos girados | $234.399 millones, correspondientes al 100 % de los recursos del proyecto, depositados en una fiduciaria tras la firma del contrato con Findeter en septiembre de 2024. |
| Centros prometidos | 75 centros en 26 departamentos en el diseño original; el alcance se ajustó después a 60 centros. |
| Meta de beneficiarios | Más de siete millones de personas. |
| Centros construidos | Ninguno. El proyecto no inició fase de obra en ninguno de los municipios previstos. |
| Avance de obra | 2,09 %, según el seguimiento de la Contraloría General de la República. |
| Estado actual | Actividades paralizadas desde noviembre de 2025. |
| Tiempo transcurrido | 25 meses desde la firma del contrato, sin resultados materiales. |
Vale una precisión metodológica que este medio considera importante: en abril de 2026, cuando se anunció la no prórroga del convenio, el Ministerio reportaba un avance cercano al 17 % limitado a actividades preliminares, mientras que la cifra del 2,09 % corresponde específicamente al avance de obra física verificado por la Contraloría en su seguimiento de este año. Las dos cifras conviven en el expediente público y no se contradicen: miden cosas distintas. La que importa para las comunidades es la de obra, y esa es la que prácticamente no existe.
El esquema fiduciario: por qué la plata quedó “dormida”
Para entender la discusión técnica hay que mirar la arquitectura financiera. En lugar de pagar contra avances de obra, como ocurre en la contratación pública tradicional, el proyecto giró la totalidad de los $234.399 millones a un patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria, que debía desembolsar a Findeter según las necesidades del plan. Ese esquema se justificó como un mecanismo ágil para ejecutar un programa de infraestructura simultáneo en decenas de municipios, pero tuvo un efecto perverso: una vez girado, el dinero dejó de estar bajo el control presupuestal directo del Ministerio y quedó expuesto a la capacidad real de ejecución del operador. Cuando la ejecución fracasó, la plata siguió allí, intacta en lo nominal, pero improductiva para el fin público que la justificaba.
Ese es exactamente el punto que la Contraloría puso sobre la mesa y que explica por qué el Ministerio pidió a la fiduciaria, desde abril, abstenerse de nuevos desembolsos: proteger lo que queda del giro mientras se define el destino del encargo. La ministra Falla elevó esa crítica al terreno político al decir que no se puede hablar de un simple retraso cuando los recursos pasaron 25 meses en el sector financiero sin materializar obra alguna.
Lo que encontró la Contraloría
El seguimiento de la Contraloría General de la República, iniciado en enero de 2026, es hoy el soporte técnico central de la decisión del MinTIC. El organismo de control identificó un conjunto de fallas que, en su conjunto, describen un proyecto que nació con debilidades estructurales:
En primer lugar, deficiencias en la viabilización de los terrenos. La construcción de los centros dependía de predios que no estaban listos ni jurídica ni físicamente, un cuello de botella que debió resolverse antes de girar los recursos. En segundo lugar, dificultades para obtener licencias de construcción, que trabaron cualquier posibilidad de obra en los municipios. En tercer lugar, debilidades en la estructuración de los contratos, que el propio Ministerio detalló en su análisis de abril: incumplimientos reiterados de los contratistas en la entrega de estudios, diseños y requisitos técnicos, y falencias en el seguimiento, el control y la gestión del riesgo.
Pero quizás la observación más sensible es la cuarta: la permanencia prolongada de los recursos en la fiducia. Para la Contraloría, que $234.399 millones permanezcan quietos en el sistema financiero mientras el proyecto no avanza genera serios cuestionamientos sobre la eficiencia, la economía y la oportunidad del gasto público, además de los retrasos en la entrega de los beneficios prometidos a las comunidades. En términos sencillos: la plata estuvo produciendo rendimientos financieros para alguien, mientras los municipios esperaban ladrillos que nunca llegaron.
Los municipios: la otra cara del incumplimiento
El daño del proyecto fallido no se mide solo en la plata quieta. Varias administraciones municipales actuaron de buena fe para recibir los centros y terminaron asumiendo costos que hoy son pérdida. Según la información revisada por el MinTIC y la Contraloría, algunas alcaldías realizaron adecuaciones en los terrenos destinados a las obras, demolieron edificaciones existentes y tramitaron licencias de construcción con la expectativa de contar con los espacios de formación tecnológica.
Ese esfuerzo local quedó en el aire. Los municipios que movieron tierra y papelaje hoy no tienen ni el centro ni la certeza de recuperar lo invertido en prepararlo, y sus comunidades siguen sin acceso a la formación en inteligencia artificial que les fue anunciada como un hecho. La ministra Falla lo resumió con una frase que quedará en el expediente: la promesa hecha a 60 municipios “se quedó en una simple foto”.
Las declaraciones que marcaron el anuncio
La ministra Alexandra Falla fue directa al cuestionar que los recursos permanecieran en el sector financiero mientras los municipios esperaban: “Los recursos públicos, la plata que es de todos, es sagrada”. Sobre el estado físico del proyecto fue aún más gráfica: “No se ha puesto ni un ladrillo en ningún municipio”. Y calificó como “imperdonable” que los recursos hayan permanecido, en sus palabras, “dormidos en un banco”. Para la funcionaria no se puede hablar de un simple retraso, sino de un incumplimiento que afectó las expectativas de comunidades enteras.
El anuncio de octubre tiene, además, un antecedente que le da contexto: en abril, la entonces ministra Carina Murcia ya había justificado la no prórroga del convenio con un argumento de gestión de riesgo. “Desde que asumí como ministra TIC decidí hacer un seguimiento detallado a este proyecto. Al evidenciar su bajo avance, adoptamos medidas como solicitar el acompañamiento de la Contraloría y pedir a la fiduciaria actuar como garante en la protección de los recursos, evitando posibles afectaciones al patrimonio público. Como responsables de estos recursos, no podíamos permitir la continuidad de un proyecto sin avances en su ejecución”, señaló entonces. La exigencia del reintegro es, en esa lógica, el paso siguiente de una decisión que el Ministerio venía preparando desde hace meses.
Cómo se diseñó el contrato y dónde puede estar la responsabilidad
El diseño contractual del proyecto es clave para la discusión que se abre ahora. El esquema estableció a Findeter como gestor integral, con responsabilidad directa sobre la estructuración, la contratación, la ejecución y la supervisión del proyecto a través de la interventoría. El MinTIC, por su parte, ejercía funciones de acompañamiento, seguimiento y vigilancia sobre el uso de los recursos, y la fiduciaria administraba el dinero girado.
Ese reparto de roles significa que la exigencia del reintegro apunta, en primer lugar, al encargo fiduciario y a la gestión de Findeter y sus contratistas. La administración actual ha insistido en que el análisis técnico, jurídico y financiero concluyó que continuar con el proyecto bajo las condiciones planteadas implicaba un alto riesgo para los recursos públicos, dada la incertidumbre sobre su viabilidad. Al mismo tiempo, la Contraloría mantiene abierto su seguimiento, y la propia ministra ha hablado de establecer “las responsabilidades correspondientes”, lo que sugiere que el caso podría escalar a procesos disciplinarios, fiscales o contractuales. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento público detallado de Findeter sobre la exigencia de devolución.
También es justo registrar que la decisión de girar el 100 % de los recursos por adelantado a una fiduciaria, tomada por la administración anterior en septiembre de 2024, es uno de los puntos que los organismos de control miran con mayor atención: ese giro blindó financieramente el proyecto, pero lo desconectó del cumplimiento efectivo de hitos de obra.
Un punto que no debe pasarse por alto es la naturaleza del ejecutor. Findeter no es un contratista privado cualquiera: es una sociedad de economía mixta del orden nacional, adscrita al sector financiero estatal, especializada precisamente en financiar y estructurar proyectos de infraestructura territorial. Que un proyecto gestionado integralmente por una entidad con ese mandato haya quedado atrapado durante 17 meses en la fase de planeación, según el propio diagnóstico del Ministerio de abril, es un llamado de atención sobre la capacidad real de la banca de desarrollo para ejecutar obra social tecnológica a escala nacional, y no solo un problema de un programa específico. El expediente también incluye a la interventoría contratada para supervisar la ejecución, cuyo papel frente a los incumplimientos de los contratistas hará parte de cualquier evaluación de responsabilidades.
No confundir: Centros PotencIA no es lo mismo que PotencIA Digital
En la conversación pública ya se mezclan dos programas con nombres casi idénticos, y la diferencia importa. Los Centros PotencIA son la infraestructura física del Gobierno anterior que hoy está en controversia. PotencIA Digital, en cambio, es la estrategia de apropiación de inteligencia artificial de la administración actual, que durante 2024 invirtió cerca de $42.500 millones en formación y ecosistemas de innovación, según ha reportado el propio Ministerio, y que se complementa con iniciativas como los Ecosistemas de Innovación PotencIA. El fracaso de los centros físicos no significa que el MinTIC haya abandonado la agenda de IA; significa que el vehículo elegido para llevarla a los territorios colapsó, y que la actual administración ha optado por otros canales, incluidos los previstos en el Plan TIC 2026-2030 presentado esta semana por la ministra Falla.
Las preguntas que quedan abiertas
El anuncio del reintegro responde una pregunta —qué pasará con la plata— pero deja varias sin resolver. La primera es cuánto de los $234.399 millones está realmente disponible en la fiducia y cuánto ya fue comprometido o gastado en estudios, diseños e interventoría durante los meses de planeación. La segunda es si Findeter aceptará la devolución voluntariamente o si el recobro terminará en un litigio contractual que podría demorar años. La tercera es quién responde por las inversiones que hicieron los municipios en terrenos y trámites: ese costo no está en la cifra del reintegro y hoy no tiene un mecanismo claro de compensación. Y la cuarta es la más importante para las regiones: con qué instrumento, cuándo y con qué presupuesto el Estado cumplirá la promesa de llevar formación en inteligencia artificial a los 60 municipios que quedaron esperando.
Qué sigue ahora
La exigencia del reintegro abre al menos tres frentes. El primero es el recobro del dinero: el Ministerio busca que la fiduciaria devuelva los $234.399 millones y, según el anuncio, trabaja en los mecanismos jurídicos para hacerlo efectivo. El segundo es el de las responsabilidades: el expediente de la Contraloría y el análisis del MinTIC apuntan a fallas de planeación, contratación y supervisión que deberán ser evaluadas por los órganos competentes para definir si hubo responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal de los involucrados, en la administración anterior y en las entidades ejecutoras. El tercero, y quizás el más difícil, es el de la promesa pendiente: 60 municipios siguen sin la infraestructura de formación en inteligencia artificial que les fue anunciada, y cerrar esa brecha exigirá diseñar mecanismos distintos, esta vez con hitos verificables antes de girar la plata.
El caso Centros PotencIA se convierte así en una prueba de fuego para la política TIC colombiana: no solo por la plata, sino por la credibilidad del Estado cuando promete llevar tecnología a los territorios. Este medio seguirá el proceso de recobro y los pronunciamientos de Findeter y de los organismos de control.
Para el lector, la lección práctica de este caso va más allá del titular: muestra la diferencia entre anunciar infraestructura tecnológica y construirla, y subraya por qué importan los indicadores verificables de avance físico, los desembolsos condicionados a hitos y la vigilancia temprana de la Contraloría. Cuando el Estado gira el 100 % de los recursos antes de que exista un solo ladrillo, el riesgo no desaparece: simplemente se traslada al contribuyente y a las comunidades que esperaban la obra.
Video: el anuncio oficial del MinTIC
Fuentes
El Universal. (2026, 30 de octubre). MinTIC exige devolver $234.399 millones del proyecto Centros PotencIA. https://www.eluniversal.com.co/colombia/2026/10/30/mintic-exige-devolver-234399-millones-del-proyecto-centros-potencia/
RTVC Noticias. (2026, 30 de octubre). Centros PotencIA: MinTIC pide devolver $234.399 millones por incumplimientos. https://www.rtvcnoticias.com/politica/gobierno/centros-potencia-mintic-exige-devolver-234399-millones
Portafolio. (2026, 28 de abril). MinTIC no prorrogará proyecto Centros PotencIA para evitar riesgos en el uso de recursos públicos. https://www.portafolio.co/tecnologia/mintic-no-prorrogara-proyecto-centros-potencia-para-evitar-riesgos-en-el-uso-de-recursos-publicos-492906
Ministerio TIC. (2024, 30 de agosto). Inteligencia artificial y educación digital para Risaralda: en firme tres Centros PotencIA y 2.046 cupos para Talento Tech. https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-388545.html
Ministerio TIC. (2025). Durante 2024, la estrategia PotencIA Digital invirtió cerca de $42.500 millones. https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-399426.html
Nota editorial: al cierre de esta edición, el Ministerio no había publicado en su sala de prensa digital un comunicado escrito sobre la exigencia del reintegro; el anuncio fue realizado por la ministra ante medios y difundido en el video oficial citado. Las cifras y declaraciones provienen de las fuentes relacionadas.